Límites al coste del crédito al consumo

Conviene empezar deshaciendo un malentendido frecuente. La Directiva (UE) 2023/2225 no fija límites al coste del crédito al consumo. Lo que hace es reconocer expresamente que los Estados miembros pueden mantener su régimen jurídico actual en esta materia y establecer «límites máximos o intereses usurarios para evitar eficazmente los abusos», con el encargo a la Comisión de hacer públicas esas medidas de forma concisa y clara.

Es decir: la Unión habilita, y cada Estado decide. España ha decidido usar esa habilitación con intensidad. El anteproyecto de ley de contratos de crédito al consumo, aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública el 8 de enero de 2026, incorpora un régimen de límites a la tasa anual equivalente que no existía en la normativa española anterior, y su proyecto de real decreto de desarrollo concreta esos límites en sus artículos 19 a 23, dentro del capítulo dedicado a las normas de conducta y, en particular, a las medidas de limitación de costes.

La lógica del diseño es la de un margen decreciente: cuanto mayor es el importe del crédito, menor es el número de puntos que se pueden añadir sobre el tipo medio de referencia. Responde a una idea sencilla — los costes fijos de una operación pesan proporcionalmente más en un crédito pequeño — y produce un efecto buscado: el mayor recorte relativo se lo llevan los productos de importe bajo y coste alto, que son los que el legislador identifica como fuente de sobreendeudamiento.

Tres precisiones que conviene fijar antes de hacer números.

La primera: el límite se expresa como un margen sobre un tipo medio de referencia, no como una cifra fija. Eso significa que el techo se mueve con el mercado, y que el cálculo hay que rehacerlo periódicamente. Un producto que hoy cabe por poco puede dejar de caber si el tipo medio baja, que es exactamente lo contrario de lo que la intuición sugiere.

La segunda: el límite opera sobre la TAE, no sobre el tipo nominal. La TAE incorpora comisiones y otros costes asociados, de modo que la reestructuración no se puede resolver bajando el tipo y subiendo las comisiones: ambos entran en el mismo cálculo.

La tercera: los tramos se definen por importe del crédito, lo que introduce efectos de frontera que conviene modelizar. Una operación de 1.480 € y otra de 1.520 € están sujetas a márgenes que difieren en cinco puntos porcentuales. Cualquier política comercial que empuje importes hacia una u otra banda tiene consecuencias directas sobre el techo aplicable.

Junto al régimen de tramos, el anteproyecto prevé de forma transitoria un límite máximo del 22 %. Es una cifra absoluta, no un margen: opera con independencia de cuál sea el tipo medio de referencia en cada momento.

La función de un tope transitorio de esta naturaleza es doble. Por un lado, da una referencia clara e inmediata mientras se asienta el mecanismo de cálculo del tipo medio y su publicación periódica. Por otro, fija un suelo de protección que no depende de la evolución del mercado: pase lo que pase con los tipos, ese es el techo durante la transición.

Para una entidad, esa cifra es el primer filtro y el más fácil de aplicar. Antes de entrar en tramos, márgenes y tipos medios, la pregunta inicial es directa: ¿cuánto de mi cartera supera hoy el 22 % de TAE? Si la respuesta es una parte significativa —y en productos de saldo renovable y microcrédito lo es casi siempre—, el proyecto de rediseño no es opcional ni aplazable.

Conviene además tomar el dato con la cautela que merece una norma en tramitación. El régimen procede de un anteproyecto sometido a audiencia pública, y tanto los tramos como el tope transitorio pueden variar en el texto que finalmente se apruebe. Lo que no va a variar es la dirección: habrá techo, y será sensiblemente inferior a lo que hoy se cobra en la parte alta del mercado.

La tercera fila es la más importante y la que menos se comenta. Limitar el tipo mensual y la comisión no resuelve el problema central de los productos de muy corto plazo, porque el coste se multiplica por la vía de la renovación: un préstamo a treinta días renovado seis veces no es un préstamo a treinta días. La regla de que el coste total no pueda superar el de un crédito a doce meses por igual importe ataca exactamente esa práctica, y obliga a llevar la cuenta acumulada por cliente y por operación.

Esa obligación tiene consecuencias de sistemas que conviene anticipar: hay que poder calcular, en tiempo real y antes de conceder, cuánto coste acumulado lleva ya ese cliente con ese principal. No es una comprobación documental: es un control que vive en el motor de concesión.

El régimen de alto coste no llega solo. Va acompañado de una autorización específica del Banco de España —el prestamista de alto coste, con un capital social mínimo previsto de 300.000 euros íntegramente desembolsado—, de la obligación de reembolso gradual y de la consulta previa a bases de datos de prestamistas de alto coste. Es un paquete completo, no solo un techo de precio. El detalle está en la página del prestamista de alto coste.

La cifra es elocuente: un microcrédito de 300 euros a treinta días pasaría de costar 103 euros a un máximo de 20 euros. Es una reducción de más del ochenta por ciento sobre el coste de la operación, y a tres meses el tope se sitúa en 40 euros.

Conviene leer ese dato por lo que dice del diseño de la reforma, no solo por su magnitud. Un recorte de esa intensidad no es un ajuste de márgenes: es una decisión de política legislativa sobre la viabilidad de un modelo de negocio concreto. El legislador ha identificado el microcrédito de importe reducido y plazo muy corto como el producto que genera sobreendeudamiento, y ha fijado los límites en un nivel que obliga a replantearlo.

Para una entidad que opere en ese segmento, la conclusión operativa es doble. Primero, el modelo tal como existe hoy deja de ser viable en sus términos actuales, de modo que el trabajo no es de cumplimiento sino de producto. Segundo, la ventana para hacerlo se mide en meses: las disposiciones de la directiva se aplican desde el 20 de noviembre de 2026.

España tiene desde hace más de un siglo un régimen de represión de la usura: la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, la llamada ley Azcárate, que sigue vigente y que ha sido el instrumento con el que los tribunales han controlado el coste del crédito revolving durante la última década. Su funcionamiento es conocido: un control judicial, caso a caso, basado en conceptos abiertos.

Lo que llega ahora es distinto: un límite legal, cuantificado y previo. Y la pregunta evidente es cómo se relacionan ambos. La directiva europea da una pista al reconocer que los Estados pueden mantener su régimen jurídico actual y establecer límites máximos o intereses usurarios: los presenta como compatibles, no como alternativos.

De ahí se derivan dos escenarios que conviene tener presentes al diseñar la política de precios:

• Por encima del techo legal. La infracción es objetiva y no requiere debate sobre si el interés era «notablemente superior al normal del dinero». El terreno deja de ser interpretativo.
• Por debajo del techo legal. Aquí está la cuestión abierta. Cumplir el límite legal no convierte automáticamente un precio en inatacable por la vía de la usura, porque el control de la ley de 1908 atiende también a las circunstancias del caso. Pero es razonable anticipar que situarse cómodamente por debajo del techo reforzará notablemente la posición de la entidad.

Para quien gestiona una cartera de saldo renovable, esa segunda lectura es la relevante: el nuevo régimen no elimina el riesgo de reclamación, pero cambia el punto de partida de la discusión. Conviene cruzar esta página con la de crédito revolving, que trabaja el frente jurisprudencial y de defensa.

Todo régimen de límite de precio genera el mismo incentivo: sacar coste del contrato principal y colocarlo en productos asociados. Seguros, servicios de asistencia, garantías extendidas, cuotas de mantenimiento. Si el cálculo del techo no incorpora esos elementos, el techo no funciona.

La reforma aborda ese punto desde dos ángulos. El primero es que el límite opera sobre la TAE, que por definición incorpora los costes asociados al crédito, y no sobre el tipo nominal. El segundo, y más directo, es que según la síntesis publicada por el Banco de España el proyecto prohibirá las ventas vinculadas, como ya ocurre en el crédito inmobiliario.

La distinción entre venta vinculada y venta combinada es la que hay que dominar aquí, porque decide qué prácticas comerciales sobreviven. En términos generales, la vinculada condiciona la concesión del crédito a la contratación de otro producto; la combinada ofrece el paquete pero permite contratar el crédito por separado. Es una frontera que en crédito inmobiliario ha generado años de litigio, y conviene revisarla en el catálogo comercial antes de que la norma entre en vigor, no después.

La consecuencia práctica para el equipo de producto es que la revisión del pricing no puede limitarse a la tarifa del crédito. Hay que inventariar todo lo que hoy se vende junto al crédito, determinar qué entra en el cálculo de la TAE y qué se está ofreciendo de manera condicionada.