El paquete europeo eleva de forma sustancial el techo sancionador y el anteproyecto español concentra la potestad de imponerlo en el mismo organismo que inspecciona. Esta página explica qué se sanciona, con qué escala, qué circunstancias agravan o atenúan y —lo que más importa— qué se puede hacer antes para que un hallazgo no acabe en expediente.
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Conviene separar dos planos. El primero es el sustantivo: qué conductas son infracción y con qué techo se sancionan, que viene marcado por el paquete europeo. El segundo es el procedimental: quién instruye y quién resuelve, que es lo que cambia con la reforma española.
La Directiva (UE) 2024/1640 obliga a los Estados miembros a prever, para las infracciones graves, reiteradas o sistemáticas, sanciones pecuniarias máximas de al menos 10 millones de euros o el 10 % del volumen de negocios anual para personas jurídicas, la cifra que resulte mayor.
Es un mínimo que los Estados deben garantizar, no un límite: la norma nacional puede ir más allá.
Hoy el SEPBLAC propone y el Ministerio resuelve. El anteproyecto concentra ambas cosas en la ANIFI: instruye y resuelve el mismo organismo.
La consecuencia previsible no es una mayor severidad automática, sino procedimientos más ágiles y criterios más homogéneos entre sectores.
El catálogo de infracciones se organiza alrededor de las obligaciones nucleares del sistema. Lo relevante para una entidad no es memorizarlo, sino entender que casi todas las conductas sancionables se detectan comparando dos documentos que la propia entidad ya tiene.
| Bloque | Conducta sancionable | Cómo se detecta en inspección |
|---|---|---|
| Diligencia debida | No identificar o no verificar a la contraparte, o no aplicar las medidas reforzadas cuando procede. | Muestreo de expedientes: se comprueba si el procedimiento del manual se aplicó a operaciones concretas. |
| Titularidad real | No identificar a la persona física que controla, o detener el análisis en una sociedad intermedia. | Revisión de las cadenas societarias en la muestra de clientes con estructura. |
| Comunicación | No comunicar operativa sospechosa, comunicarla fuera de plazo o hacerlo con contenido insuficiente. | Cruce del volumen y la calidad de lo comunicado con el perfil de riesgo de la cartera. |
| Abstención | Ejecutar una operación pese a existir sospecha, fuera de los supuestos tasados. | Contraste entre las alertas registradas y las operaciones efectivamente ejecutadas. |
| Conservación | No conservar la documentación durante el plazo exigible o no poder recuperarla. | Petición de expedientes antiguos con un plazo de respuesta acotado. |
| Control interno | Carecer de manual, de análisis de riesgo, de órgano de control o de representante designado. | Requerimiento documental inicial: es lo primero que se pide. |
| Formación | No impartir formación adecuada o no poder acreditarla. | Registro de asistentes, contenidos y evaluación por función. |
| Obstrucción | No atender un requerimiento, hacerlo fuera de plazo o dificultar la actuación supervisora. | Es una infracción autónoma, con independencia del fondo del asunto. |
| Confidencialidad | Revelar al cliente o a terceros la existencia de una comunicación o de una medida. | Análisis de las comunicaciones internas y de los avisos automáticos al cliente. |
Sistematización propia por bloques de obligación. La tipificación concreta de las infracciones y su calificación como leves, graves o muy graves corresponde a la norma nacional: hoy, la Ley 10/2010; en el futuro, la ley que resulte de la reforma en tramitación.
La exposición sancionadora no se reduce discutiendo el expediente cuando ya está abierto, sino trabajando antes sobre lo que lo abre. Y cuando ya está abierto, la diferencia la marcan la calidad técnica de las alegaciones y la credibilidad del plan de subsanación.
Revisión del sistema con los criterios del supervisor para identificar qué hallazgos se producirían y cuáles de ellos tienen recorrido sancionador. El objetivo es corregir antes lo que agrava, porque la subsanación espontánea y anterior es la circunstancia que más pesa a favor.
Actualización de la autoevaluación de riesgo, del manual y de los procedimientos. Es lo que convierte un patrón sancionable en un hallazgo puntual, que es exactamente la diferencia entre un requerimiento y un expediente.
Análisis del volumen y de la calidad de lo comunicado y del funcionamiento del deber de abstención, que es donde se concentran las infracciones de mayor gravedad.
Redacción de alegaciones, aportación de prueba, negociación del plan de subsanación y, en su caso, recurso frente a la resolución sancionadora.
Análisis de la exposición personal de consejeros y directivos, y del reparto de funciones que la delimita. El sistema de prevención es responsabilidad del órgano de administración.
Ejecución y documentación del plan comprometido ante el supervisor. Su cumplimiento se comprueba después, y su incumplimiento agrava.
Entre el mínimo y el máximo de cualquier escala sancionadora hay un margen enorme, y ese margen se decide con criterios que en buena medida están en manos de la entidad. Conocerlos sirve para dos cosas: para reducir la exposición antes y para orientar la defensa después.
Para muchas entidades, el impacto económico de la sanción es menor que el de las medidas que la acompañan. Conviene tenerlas presentes al valorar la exposición real de un incumplimiento.
| Medida | En qué consiste | Impacto real |
|---|---|---|
| Amonestación pública | Publicación de la identidad del infractor y de la infracción cometida. | En sectores regulados, el daño reputacional suele superar al económico y afecta a la relación con bancos y contrapartes. |
| Requerimiento de cese | Orden de poner fin a la conducta y de abstenerse de repetirla. | Obliga a corregir con plazo y bajo supervisión, con seguimiento posterior del cumplimiento. |
| Prohibición de ejercer cargos | Inhabilitación temporal de quienes ocupaban funciones de dirección o de control. | Afecta a personas concretas y puede forzar cambios en el órgano de administración. |
| Revocación o suspensión de autorización | Pérdida o suspensión de la licencia para operar, en entidades sujetas a autorización. | Es la consecuencia más grave y la que convierte un problema de cumplimiento en un problema existencial. |
| Sanción a personas físicas | Multa a administradores y a quienes ocupaban funciones de control. | La responsabilidad no se agota en la persona jurídica: alcanza a quien decidió o toleró. |
| Efectos indirectos | Pérdida de relaciones bancarias, exclusión de licitaciones y encarecimiento del seguro. | No son sanciones, pero en la práctica pesan tanto o más que la multa. |
Sistematización a partir del régimen de medidas administrativas del marco europeo. El catálogo concreto aplicable en España será el que establezca la norma nacional resultante de la reforma.
Identificamos los hallazgos que se producirían en una inspección, separamos los que son puntuales de los que revelan un patrón y priorizamos la corrección por exposición real, no por orden alfabético.
En la práctica, muy pocas entidades reciben sanciones máximas. Lo que separa un requerimiento de un expediente grave es casi siempre alguno de estos seis factores.
El patrón, no el caso: un expediente incompleto se corrige; veinte con la misma carencia acreditan un fallo de sistema. El muestreo está diseñado precisamente para distinguirlos, y la calificación de la infracción depende de esa distinción.
La advertencia desatendida: un hallazgo señalado en una actuación anterior y no corregido convierte cualquier incidencia posterior en reiteración. Es la circunstancia agravante con más peso práctico.
La falta de colaboración: respuestas tardías, incompletas o contradictorias durante la inspección constituyen una infracción autónoma y contaminan la valoración de todo lo demás.
Administradores y responsables de funciones de control pueden ser sancionados personalmente. El reparto de funciones documentado es lo que delimita esa exposición.
La publicación de la sanción tiene efectos que exceden a la multa: relaciones bancarias, licitaciones, seguros y contrapartes que revisan a quién tienen enfrente.
En sujetos obligados sometidos a autorización, un incumplimiento estructural puede afectar a los requisitos de idoneidad y, en el extremo, a la propia licencia.
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La exposición no depende solo del tamaño: depende de qué se mira en cada sector y de cuánta supervisión previa se ha recibido. Este panel sitúa dónde está el riesgo real en cada caso.
Referencia orientativa para priorizar el trabajo y dimensionar el equipo del proyecto.
Ninguno tiene que ver con el incumplimiento original. Todos con lo que se hace después.
Cuando una inspección detecta un fallo en una muestra, el fallo está en el sistema, no en esos expedientes. Corregir únicamente los revisados garantiza que el mismo hallazgo reaparezca en la siguiente actuación, ya como reiteración.
Las alegaciones técnicas son necesarias cuando hay discrepancia real. Cuando el hallazgo es correcto, discutirlo consume la credibilidad que hará falta para negociar el plan de subsanación.
El cumplimiento del plan de subsanación se comprueba después. Un plan ambicioso e incumplido agrava más de lo que atenuó cuando se presentó.
La obstrucción a la actuación supervisora es una infracción autónoma. Contestar fuera de plazo perjudica con independencia de lo sólido que sea el fondo.
Administradores y responsables de control pueden ser sancionados personalmente. Definir y documentar el reparto de funciones es lo único que delimita esa exposición, y hay que hacerlo antes.
La corrección espontánea y anterior a la detección es la circunstancia atenuante con más recorrido. Detectar un problema y no corregirlo mientras nadie mira es desperdiciar la mejor baza disponible.
Tres principios que valen más que cualquier estrategia procesal.
La subsanación espontánea cambia la naturaleza del asunto. Un problema detectado, documentado y corregido por iniciativa propia rara vez tiene el mismo tratamiento que el mismo problema hallado en una inspección.
Lo que agrava es la evidencia de fallo estructural. Corregir la causa —el procedimiento, el criterio, la formación— y no solo los casos revisados es lo que impide que el hallazgo se repita.
El reparto de funciones documentado, con delegaciones expresas y con información periódica al órgano de administración, es lo que define la exposición personal de cada uno. Se construye antes, nunca durante.
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Términos que conviene distinguir con precisión desde el primer requerimiento.
Comportamiento contrario a las obligaciones de prevención que la norma califica como leve, grave o muy grave.
Comisión de una infracción cuando ya se había cometido otra análoga con anterioridad. Es la circunstancia agravante de mayor peso práctico.
Detección y corrección del incumplimiento antes de que lo advierta el supervisor, documentada y con fecha.
Difusión de la identidad del infractor y de la infracción. En sectores regulados suele pesar más que la multa.
No atender un requerimiento, hacerlo fuera de plazo o entorpecer la actuación inspectora. Es infracción autónoma.
Documento con medidas, responsables y plazos verificables, cuyo cumplimiento se comprueba después.
Posibilidad de sancionar a quienes ocupaban funciones de dirección o de control, además de a la entidad.
Magnitud sobre la que se calcula el porcentaje máximo de la sanción en el caso de personas jurídicas.
Organismo previsto en el anteproyecto que instruirá y resolverá los expedientes sancionadores en materia de prevención del blanqueo.
El marco europeo obliga a los Estados miembros a prever, para infracciones graves, reiteradas o sistemáticas, sanciones pecuniarias máximas de al menos 10 millones de euros o el 10 % del volumen de negocios anual para personas jurídicas, aplicándose la cifra que resulte mayor.
Es un mínimo que la norma nacional debe garantizar, no un tope: la ley española puede establecer escalas superiores. Conviene contrastar la cifra concreta con la norma vigente en cada momento.
No, y esa es una idea equivocada muy extendida. Antes de la sanción hay recomendaciones, requerimientos de subsanación con plazo y amonestaciones. La mayoría de los hallazgos se resuelven en esos escalones.
Lo que empuja hacia el expediente sancionador no suele ser la gravedad de un caso aislado, sino la evidencia de un fallo estructural o la reiteración de algo ya advertido.
La reiteración. Un hallazgo señalado en una actuación anterior y no corregido convierte cualquier incidencia posterior en repetición de conducta, y es la circunstancia con más peso práctico en la graduación.
Le siguen la falta de colaboración durante la inspección, el beneficio obtenido y el perjuicio causado a terceros.
Muchísimo, y es la recomendación más rentable de toda esta página. La subsanación espontánea —detectar, documentar y corregir por iniciativa propia, con fecha— cambia la naturaleza de la conversación con el supervisor.
Un problema corregido antes de que nadie lo detecte rara vez recibe el mismo tratamiento que el mismo problema hallado en un muestreo.
Sí. La responsabilidad no se agota en la persona jurídica: administradores y responsables de funciones de control pueden ser sancionados, e incluso inhabilitados temporalmente para ejercer cargos.
Lo que delimita esa exposición es el reparto de funciones documentado, con delegaciones expresas y con constancia de la información periódica que recibe el órgano de administración. Se construye antes, no durante el expediente.
Amonestación pública, requerimiento de cese, prohibición temporal de ejercer cargos de dirección y, en entidades sujetas a autorización, suspensión o revocación de la licencia.
Para muchas entidades el impacto de estas medidas —especialmente la publicación— supera al de la propia sanción económica.
En cuanto al fondo, no: las conductas sancionables y las escalas vienen del marco normativo. Lo que cambia es la agilidad: hoy el SEPBLAC propone y el Ministerio resuelve, y esa separación alarga los expedientes.
Cabe esperar procedimientos más rápidos y criterios más homogéneos entre sectores. Lo desarrollamos en ANIFI y SEPBLAC.
Depende de si es correcto. Cuando hay discrepancia técnica real, las alegaciones son necesarias y deben plantearse con rigor. Cuando el hallazgo es acertado, discutirlo consume la credibilidad que después hará falta para negociar el plan de subsanación.
La combinación que mejor funciona es reconocer lo que es cierto, discutir con prueba lo que no lo es y presentar un plan realista.
Que agrava. El cumplimiento se comprueba después, y un plan ambicioso e incumplido perjudica más de lo que atenuó cuando se presentó.
Por eso conviene comprometerse a lo que se puede hacer, con responsables y plazos verificables, y documentar cada paso de su ejecución.
Las obligaciones sustantivas provienen del Reglamento (UE) 2024/1624, aplicable desde el 10 de julio de 2027. El régimen sancionador concreto y el organismo competente dependerán de la ley española que resulte de la reforma en tramitación.
Hasta entonces sigue plenamente vigente el régimen actual. Puedes seguir el estado de la reforma en la nueva ley antiblanqueo.
Todo lo que se afirma en esta página procede del paquete normativo europeo publicado o de documentación oficial española en tramitación.
Ficha del reglamento antiblanqueo europeo en el Boletín Oficial del Estado, con acceso al PDF de la publicación original. Es la norma que incorpora al fútbol al perímetro de sujetos obligados.
boe.es · DOUE-L-2024-80912 SEPBLACNota del supervisor español sobre las tres normas publicadas en el DOUE el 19 de junio de 2024, con los nuevos sujetos obligados y el límite de efectivo de 10.000 euros.
sepblac.es · paquete legislativo BOEMecanismos que deben establecer los Estados miembros: supervisión, registros y cooperación. Es la pieza que España debe transponer.
boe.es · DOUE-L-2024-80913 Ministerio de EconomíaPágina oficial del trámite de audiencia e información pública de la reforma española que crea la ANIFI e incorpora a los nuevos sujetos obligados. Aportaciones hasta el 30 de septiembre de 2026.
portal.mineco.gob.es · audiencia pública La MoncloaReferencia del acuerdo por el que se aprueba en primera vuelta el anteproyecto de reforma integral de la prevención del blanqueo.
lamoncloa.gob.es · Consejo de Ministros BOETexto consolidado de la norma española todavía vigente, que la reforma en tramitación viene a sustituir.
boe.es · BOE-A-2010-6737El contenido regulatorio envejece deprisa y una guía desactualizada hace perder tiempo a quien la sigue. Por eso publicamos quién la mantiene y con qué método.
El paquete antiblanqueo europeo ha elevado de forma sustancial el techo sancionador, y la reforma española concentra la potestad de imponerlo en el mismo organismo que inspecciona. Ese doble movimiento ha generado bastante alarma en el sector, no siempre bien dirigida: lo que determina la exposición real de una entidad no es el techo de la escala, sino el lugar de la escala en el que su situación la coloca.
El marco europeo obliga a los Estados miembros a prever, para las infracciones graves, reiteradas o sistemáticas, sanciones máximas de al menos diez millones de euros o el diez por ciento del volumen de negocios anual para personas jurídicas, la cifra que resulte mayor. Es un mínimo que la norma nacional debe garantizar. Pero conviene leer bien el supuesto: graves, reiteradas o sistemáticas. La inmensa mayoría de los hallazgos de una inspección ordinaria no encaja en esa descripción y se resuelve en escalones muy anteriores —recomendación, requerimiento de subsanación, amonestación—.
Tres cosas, por este orden. La primera es el patrón: un expediente incompleto es un error, veinte con la misma carencia acreditan un fallo de sistema, y el muestreo está diseñado precisamente para distinguirlos. La segunda es la reiteración: un hallazgo advertido en una actuación anterior y no corregido convierte cualquier incidencia posterior en repetición de conducta. Y la tercera es la falta de colaboración durante la inspección, que además constituye una infracción autónoma con independencia de lo sólido que sea el fondo del asunto.
Aquí está la parte accionable, y es la que más se desaprovecha. La circunstancia atenuante con más recorrido práctico es la subsanación espontánea: haber detectado un problema, documentarlo y corregirlo por iniciativa propia, con fecha, antes de que lo advierta el supervisor. Cambia la naturaleza de la conversación entera. A ella se suman la colaboración activa, la existencia de un sistema de control efectivo pese al fallo puntual y la ausencia de beneficio obtenido y de perjuicio causado.
Para muchas entidades, el impacto económico de la sanción es menor que el de las medidas que la acompañan. La amonestación pública tiene efectos que exceden con mucho al importe: relaciones bancarias que se revisan, licitaciones que se pierden, contrapartes que reconsideran. La prohibición temporal de ejercer cargos afecta a personas concretas y puede forzar cambios en el órgano de administración. Y en sujetos obligados sometidos a autorización, un incumplimiento estructural puede acabar tocando la propia licencia, que es cuando un problema de cumplimiento se convierte en un problema existencial.