Asesoría legal desde el día uno
"Acompañamos a la startup fintech desde su constitución: estructura societaria, pacto de socios, modelo de negocio regulado y hoja de ruta hacia la licencia adecuada."
Impulsa tu proyecto con una asesoría fintech especializada: acompañamiento jurídico y regulatorio en licencias, cumplimiento normativo, PBC/FT, criptoactivos y estructuración societaria para startups y empresas del sector financiero-tecnológico en España y la UE.
"Acompañamos a la startup fintech desde su constitución: estructura societaria, pacto de socios, modelo de negocio regulado y hoja de ruta hacia la licencia adecuada."
"Gestionamos el acceso a licencias de entidad de pago, entidad de dinero electrónico, gestora de inversiones y registro CASP ante Banco de España y CNMV."
"Diseñamos e implantamos el sistema de prevención de blanqueo adaptado a la operativa fintech: KYC digital, monitorización de transacciones y manual PBC/FT."
"Asesoramos en el cumplimiento del Reglamento MiCA, estructuración de emisiones de tokens, white papers y obligaciones de las entidades CASP en España."
Asesoramiento en la obtención de licencias de entidad de pago, entidad de dinero electrónico, EFC y registro ante Banco de España, CNMV y supervisores europeos.
Diseño e implantación del sistema de prevención de blanqueo adaptado a la operativa digital: KYC remoto, onboarding digital, monitorización de operaciones y manual PBC/FT.
Asesoría fintech en el cumplimiento del Reglamento MiCA, estructuración de emisiones de tokens, licencia CASP y obligaciones de las plataformas de criptoactivos en España.
Constitución y estructuración societaria, pacto de socios, acuerdos de inversión, rondas de financiación y preparación para auditorías de due diligence de inversores.
Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos: política de privacidad, registro de tratamientos, DPO, análisis de impacto y contratos con proveedores tecnológicos.
Redacción de términos y condiciones, contratos de servicio, acuerdos con entidades bancarias, contratos de API y documentación contractual para productos y servicios fintech.
Operar sin licencia regulatoria: prestar servicios de pago, emitir dinero electrónico o gestionar activos sin la autorización adecuada puede derivar en sanciones graves y el cese inmediato de la actividad.
Incumplimiento PBC/FT: las fintech son sujetos obligados en prevención de blanqueo. La ausencia de procedimientos KYC, monitorización de transacciones y reporte al SEPBLAC genera sanciones económicas y reputacionales.
Brechas en protección de datos: el tratamiento masivo de datos financieros y personales expone a las fintech a sanciones de la AEPD y a pérdida de confianza de usuarios e inversores.
Regulación MiCA y criptoactivos: operar con activos digitales sin cumplir el Reglamento MiCA ni obtener la licencia CASP implica riesgos regulatorios que pueden bloquear el modelo de negocio.
Contratos deficientes con usuarios y socios: unas condiciones de uso inadecuadas o contratos con entidades bancarias mal negociados pueden comprometer la operativa y la viabilidad del negocio fintech.
La asesoría fintech es el servicio de acompañamiento jurídico, regulatorio y de cumplimiento especializado en empresas del sector financiero-tecnológico: startups de pagos, plataformas de inversión, neobancos, proveedores de servicios de criptoactivos, empresas de lending, insurtech y cualquier modelo de negocio que combine tecnología con servicios financieros regulados.
A diferencia de una asesoría jurídica generalista, la asesoría fintech combina el conocimiento del derecho financiero, la regulación europea y española, la normativa de protección de datos, el cumplimiento PBC/FT y la estructuración societaria adaptada a las particularidades del sector.
Una asesoría fintech especializada es el punto de partida para construir un negocio regulado, escalable y con la trazabilidad documental que exigen supervisores e inversores.
Necesitan asesoría fintech las startups que desarrollan productos financieros digitales, las empresas tecnológicas que quieren operar en sectores regulados (pagos, crédito, inversión, seguros), los proveedores de servicios de criptoactivos que operan bajo MiCA, y cualquier empresa que maneje dinero de terceros o preste servicios financieros a través de canales digitales.
También es esencial para empresas fintech en proceso de expansión internacional, que buscan pasaporte europeo, o que están preparando una ronda de inversión y necesitan acreditar su cumplimiento regulatorio ante inversores y fondos de venture capital.
En resumen: si tu modelo de negocio toca el dinero, los datos financieros o los activos digitales de terceros, necesitas asesoría fintech desde el primer día.
Las licencias más habituales para una empresa fintech en España son la autorización como entidad de pago o entidad de dinero electrónico (supervisadas por Banco de España), el registro como empresa de servicios de inversión o gestora de IIC (CNMV), y la licencia CASP para proveedores de servicios sobre criptoactivos bajo el Reglamento MiCA.
La elección de la licencia adecuada depende del modelo de negocio concreto. Una asesoría fintech especializada identifica el régimen regulatorio óptimo y gestiona el proceso de autorización de principio a fin.
Las empresas fintech son sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) conforme a la Ley 10/2010 y su Reglamento. Esto implica la obligación de implantar un sistema PBC/FT completo adaptado a su operativa digital.
El incumplimiento de las obligaciones PBC/FT puede suponer sanciones de hasta millones de euros, revocación de la licencia y responsabilidad penal para los administradores de la fintech.
El Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), aplicable en España desde finales de 2024, establece el marco regulatorio europeo para los criptoactivos y los proveedores de servicios sobre ellos. Supone la mayor transformación del sector fintech relacionado con blockchain desde su creación.
Las empresas que presten servicios sobre criptoactivos —custodia, intercambio, gestión de carteras, asesoramiento o colocación— deben obtener la licencia CASP, elaborar un white paper conforme a los requisitos de MiCA y cumplir con las obligaciones de capital, gobernanza, transparencia y PBC/FT que establece el reglamento.
Una asesoría fintech especializada en MiCA permite diseñar la estrategia regulatoria óptima: elección de jurisdicción, estructura de la entidad, contenido del white paper y preparación del expediente de licencia CASP.
Las fintech tratan datos personales de carácter financiero, que merecen una protección especial bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD). El tratamiento de perfiles crediticios, hábitos de gasto y datos de transacciones exige una base jurídica sólida y medidas de seguridad reforzadas.
Una asesoría fintech especializada en privacidad gestiona la adecuación completa al RGPD: política de privacidad, registro de actividades de tratamiento, análisis de impacto (DPIA) para tratamientos de alto riesgo, contratos de encargado de tratamiento con proveedores cloud y tecnológicos, y, cuando procede, designación del Delegado de Protección de Datos (DPO).
La AEPD ha sancionado a empresas del sector fintech con multas millonarias por deficiencias en la gestión de datos. La adecuación preventiva es siempre más económica que la sanción reactiva.
El coste de la asesoría fintech depende de la fase de desarrollo de la empresa, el modelo de negocio y las necesidades regulatorias concretas. Para startups en fases iniciales, es habitual un modelo de acompañamiento por proyectos o por horas; para empresas con operativa activa, la asesoría fintech se articula como un servicio de retención mensual que cubre el cumplimiento continuo.
Los proyectos más frecuentes incluyen: diagnóstico regulatorio y hoja de ruta de licencias, implantación del sistema PBC/FT, adecuación al RGPD, elaboración del white paper MiCA y acompañamiento en rondas de inversión con due diligence regulatorio.
Invertir en asesoría fintech desde el inicio del proyecto es la forma más eficiente de evitar sanciones regulatorias, retrasos en la obtención de licencias y contingencias que pueden comprometer una ronda de financiación.
La asesoría fintech conecta con otras áreas clave de regulación financiera, cumplimiento normativo y protección de datos. Descubre los servicios que complementan tu proyecto.
Catálogo completo de prevención de blanqueo: evaluación de riesgos, manual, formación y auditorías para empresas fintech sujetas a la Ley 10/2010.
Asesoramiento en regulación MiCA, estructuración de tokens, licencia CASP y obligaciones de las plataformas de criptoactivos en España y la UE.
Proceso de obtención del registro y licencia de proveedor de servicios de criptoactivos ante Banco de España bajo el Reglamento MiCA.
Programas de cumplimiento corporativo para fintech: canal de denuncias, código ético, controles internos y prevención de delitos.
Informe independiente de cumplimiento normativo, requerido por supervisores e inversores en procesos de due diligence regulatorio fintech.
Redacción del manual de prevención de blanqueo adaptado a la operativa digital de la fintech: procedimientos, roles y flujos de cumplimiento.
Diseño e implantación de sistemas PBC/FT para fintech: KYC digital, monitorización de transacciones y preparación para inspecciones del SEPBLAC.
Análisis jurídico, fiscal y de cumplimiento para operaciones de inversión y adquisición en el sector fintech e inmobiliario-tecnológico.
Marca los supuestos que aplican a tu proyecto. Cuantos más coincidan, mayor es la necesidad de contar con una asesoría fintech especializada antes de operar o escalar.
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Todo lo que necesitas saber para construir una fintech regulada en España: concepto, marco normativo, fases del proceso regulatorio, relación con PBC/FT y MiCA, tipos de licencias y errores que debes evitar.
Una asesoría fintech especializada cubre el ciclo completo de vida regulatoria de una empresa del sector: desde el análisis del modelo de negocio y la identificación del régimen jurídico aplicable, hasta la obtención de la licencia, la implantación del sistema de cumplimiento y el acompañamiento continuo frente a los cambios normativos del sector.
El valor diferencial de una asesoría fintech no es solo conocer la regulación vigente —que evoluciona constantemente con directivas europeas como PSD2, DORA, MiCA o el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital— sino anticipar su impacto en el modelo de negocio y diseñar soluciones jurídicas que permitan operar con seguridad y escalar sin fricciones regulatorias.
El ecosistema regulatorio fintech en España está compuesto por un conjunto amplio y en constante evolución de normas europeas y nacionales. En el ámbito de los servicios de pago, la Directiva PSD2 —transpuesta en España por el Real Decreto-ley 19/2018— establece las condiciones para operar como entidad de pago o de dinero electrónico bajo la supervisión del Banco de España.
Para los servicios de inversión, la normativa MiFID II y el Reglamento MiFIR definen el marco de actuación de las empresas de servicios de inversión bajo supervisión de la CNMV. En materia de criptoactivos, el Reglamento MiCA es de aplicación directa en toda la UE desde 2024, derogando progresivamente los regímenes nacionales previos y estableciendo la licencia CASP como requisito para operar. Adicionalmente, el Reglamento DORA —aplicable desde enero de 2025— impone exigencias de resiliencia operativa digital a todas las entidades financieras, incluidas las fintech.
La primera fase es el diagnóstico regulatorio: análisis del modelo de negocio, identificación de las actividades reguladas que realiza o pretende realizar la fintech, y determinación del régimen jurídico aplicable y las licencias necesarias.
La segunda fase es la preparación del expediente: constitución o adecuación de la entidad, elaboración del programa de actividades, manual de procedimientos, plan de negocio, estructura organizativa y documentación requerida por el supervisor.
La tercera fase es la obtención de la autorización: presentación del expediente ante Banco de España, CNMV u otro supervisor competente, seguimiento del proceso de autorización y atención a requerimientos de información adicional.
La cuarta fase es el cumplimiento continuo: implantación del sistema PBC/FT, adecuación al RGPD, monitorización de cambios normativos y reporting periódico ante los supervisores.
Las empresas fintech presentan un perfil de riesgo PBC/FT específico por la naturaleza digital de su operativa: onboarding remoto de clientes, velocidad de las transacciones, alcance transfronterizo y uso de tecnologías que dificultan la trazabilidad tradicional. Estos factores hacen que el sistema PBC/FT de una fintech deba ser más robusto y tecnológicamente avanzado que el de una entidad financiera tradicional.
Una asesoría fintech especializada en PBC/FT diseña el sistema de cumplimiento teniendo en cuenta las guías de la EBA sobre KYC digital, los estándares del GAFI aplicables al sector, y las expectativas supervisoras del SEPBLAC en materia de tecnología financiera. El resultado es un sistema que cumple con la normativa sin generar fricciones innecesarias en la experiencia de usuario.
Cada tipo de fintech tiene necesidades de asesoría específicas según su modelo de negocio. Las fintech de pagos (neobancos, wallets digitales, plataformas de remesas) necesitan licencia de entidad de pago y un sistema PBC/FT robusto. Las fintech de inversión (robo-advisors, plataformas de crowdfunding, gestoras algorítmicas) requieren autorización como ESI o gestora bajo supervisión de la CNMV.
Las fintech de crédito (plataformas de lending, BNPL, financiación alternativa) operan bajo el régimen de EFC o acuerdos con entidades habilitadas. Las fintech de criptoactivos deben cumplir MiCA y obtener la licencia CASP. Las insurtech están sujetas a la supervisión de la DGSFP. En todos los casos, la asesoría fintech identifica el régimen exacto y el camino más eficiente hacia el cumplimiento.
El error más habitual es operar en zona gris regulatoria confiando en que la actividad no está regulada: en el sector fintech, casi cualquier actividad que implique manejar dinero de terceros, prestar servicios de inversión o emitir instrumentos financieros está sujeta a autorización. Descubrirlo cuando el supervisor ya ha iniciado una inspección es siempre más costoso que haberlo resuelto desde el inicio.
Otro error frecuente es no implantar el sistema PBC/FT desde el lanzamiento: las fintech suelen priorizar el producto y posponer el cumplimiento, pero el SEPBLAC y los supervisores financieros valoran especialmente que los controles existan desde el primer día de operación.
Finalmente, no revisar los contratos con proveedores bancarios y tecnológicos es un error con consecuencias graves: muchas fintech descubren que sus acuerdos con bancos corresponsales o procesadores de pagos contienen cláusulas de terminación unilateral que pueden paralizar el negocio sin previo aviso. Una asesoría fintech especializada detecta y negocia estas cláusulas antes de que sean un problema.