Porque un proyecto de open banking depende casi siempre de una red de relaciones jurídicas: usuarios, bancos, agregadores, proveedores cloud, desarrolladores, partners tecnológicos y, a veces, entidades reguladas que soportan parte de la operativa.
Si esos contratos no asignan bien responsabilidades, niveles de servicio, medidas de seguridad, propiedad intelectual, continuidad operativa y tratamiento de datos, el proyecto puede quedar jurídicamente frágil aunque tecnológicamente funcione.
Muchas veces el verdadero riesgo no está en el código, sino en la documentación que acompaña al producto.