Cuenta con un abogado especializado en fintech para navegar el entorno regulatorio con seguridad: licencias de entidad de pago, cumplimiento PSD2, AML/CTF, criptoactivos, open banking y estructuración jurídica de tu startup o empresa del sector financiero tecnológico.
"Asesoramos a startups fintech en su constitución, elección de modelo regulatorio, relación con inversores y cumplimiento normativo desde la fase seed hasta la expansión internacional."
"Gestionamos la obtención de licencias de entidad de pago, entidad de dinero electrónico y registro como proveedor de servicios de información de cuenta (AISP) ante el Banco de España."
"Diseñamos e implantamos el sistema PBC/FT de tu empresa fintech: evaluación de riesgos, políticas KYC, procedimientos de monitorización y preparación para inspecciones del SEPBLAC."
"Asesoramos en la regulación MiCA, el registro como PSAV ante el Banco de España, la emisión de tokens y el cumplimiento normativo de proyectos blockchain y DeFi con impacto en España y la UE."
Tramitación de licencias de entidad de pago (EP), entidad de dinero electrónico (EDE) y registro de proveedores de servicios de información de cuenta (AISP) ante el Banco de España.
Asesoramiento en la aplicación de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) transpuesta en España: autenticación reforzada (SCA), interfaces de acceso a cuentas (API) y relaciones con bancos.
Asesoramiento en el Reglamento MiCA, obtención del registro como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (PSAV) ante el Banco de España y cumplimiento normativo de proyectos blockchain.
Diseño e implantación del sistema PBC/FT adaptado a entidades fintech: evaluación de riesgos, manual de procedimientos, políticas KYC digitales y formación del equipo de cumplimiento.
Redacción y negociación de acuerdos con bancos patrocinadores, contratos de BaaS (Banking as a Service), acuerdos de procesamiento de pagos y términos y condiciones de plataformas fintech.
Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos para plataformas fintech: base jurídica del tratamiento, open banking, transferencias internacionales y gestión de brechas de seguridad.
Operar sin licencia: lanzar un servicio de pagos, dinero electrónico o criptoactivos sin la autorización regulatoria puede derivar en sanciones del Banco de España, la CNMV o el SEPBLAC y el cese forzoso de la actividad.
Incumplimiento AML/KYC: las fintech son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010. La ausencia de un sistema PBC/FT adecuado supone riesgo de sanción grave, pérdida de cuentas bancarias y daño reputacional irreparable.
Contratos con bancos sin protección: los acuerdos de Banking as a Service o procesamiento de pagos son instrumentos complejos. Sin asesoramiento, las cláusulas de terminación unilateral pueden paralizar toda la operativa.
Brechas de privacidad y RGPD: las plataformas fintech gestionan datos financieros especialmente sensibles. Una inadecuada base jurídica del tratamiento o la falta de medidas técnicas puede suponer sanciones millonarias de la AEPD.
Expansión internacional sin planificación regulatoria: cada país tiene su propio marco para entidades de pago y criptoactivos. Sin un abogado fintech que mapee los requisitos jurisdiccionales, la internacionalización se convierte en un pasivo legal.
Un abogado fintech es un especialista en derecho que combina el conocimiento del marco regulatorio financiero con la comprensión profunda del negocio digital y la tecnología aplicada a los servicios financieros. Su función es acompañar a startups, scaleups y empresas consolidadas en la navegación de un entorno normativo en constante cambio.
Sus áreas de actuación abarcan desde la obtención de licencias regulatorias (entidades de pago, dinero electrónico, PSAV) hasta el diseño de sistemas de cumplimiento AML/KYC, la negociación de contratos con bancos, la adecuación al RGPD y el asesoramiento en modelos de negocio basados en open banking, criptoactivos o lending alternativo.
Contar con un abogado fintech desde las fases tempranas de la empresa reduce drásticamente el riesgo regulatorio y acelera el time-to-market al evitar retrasos por problemas legales no anticipados.
La licencia necesaria depende del modelo de negocio. Las principales figuras reguladas en España son la Entidad de Pago (EP) y la Entidad de Dinero Electrónico (EDE), ambas supervisadas por el Banco de España y reguladas por el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.
Para actividades relacionadas con criptoactivos, el marco aplicable es el Reglamento MiCA (en vigor desde 2024) y, en el ámbito español, el registro como Proveedor de Servicios sobre Criptoactivos (PSAV) ante el Banco de España. Los proyectos de lending o crowdfunding tienen su propio régimen bajo el Reglamento (UE) 2020/1503.
Determinar qué licencia necesita tu empresa fintech es el primer paso del asesoramiento: un error en la calificación regulatoria puede suponer meses de retraso y costes innecesarios.
La obtención de la licencia de entidad de pago ante el Banco de España requiere presentar una solicitud que incluye el programa de actividades, el plan de negocio, la estructura organizativa, los mecanismos de control interno y los procedimientos de gestión de riesgos y prevención de blanqueo.
El proceso ante el Banco de España puede durar entre 3 y 12 meses. Un abogado fintech que conozca bien el procedimiento puede anticipar los requerimientos y reducir significativamente los plazos.
Las empresas fintech son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Esto significa que deben disponer de un sistema AML/KYC completo: identificación y verificación de clientes, evaluación del riesgo por cliente y operación, monitorización continua de transacciones y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC.
El entorno fintech presenta particularidades que exigen soluciones adaptadas: onboarding digital, verificación remota de identidad (eIDAS, video-identificación), scoring de riesgo automatizado y gestión de alertas en tiempo real. El abogado fintech especializado en AML diseña el sistema ajustado a estas especificidades.
Una inspección de SEPBLAC a una entidad fintech sin sistema PBC/FT sólido puede derivar en sanciones de hasta millones de euros y la revocación de la licencia. La prevención es la única estrategia viable.
La Directiva PSD2, transpuesta en España mediante el Real Decreto-ley 19/2018, ha transformado el sector financiero al obligar a los bancos a abrir sus APIs a terceros proveedores (TPPs) como las fintech, con el consentimiento del usuario. El cumplimiento de PSD2 implica requisitos de autenticación reforzada (SCA), interfaces técnicas de acceso y acuerdos con bancos patrocinadores.
El abogado fintech asesora en la obtención del registro como AISP (proveedor de información de cuentas) o PISP (proveedor de servicios de iniciación de pagos), la negociación de acuerdos de acceso con entidades financieras y el cumplimiento de los estándares técnicos regulatorios (RTS) de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
El marco PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR) que lo acompañará ampliarán estas obligaciones. Contar con un abogado fintech actualizado en la evolución normativa europea es clave para no quedar desfasado.
El Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) es de aplicación plena en España desde finales de 2024 y establece el marco regulatorio para la emisión y prestación de servicios sobre criptoactivos en toda la Unión Europea. Afecta a exchanges, wallets, emisores de stablecoins y proveedores de servicios de custodia.
En España, los proveedores de servicios sobre criptoactivos (PSAV) deben obtener la autorización de la CNMV o el Banco de España según el tipo de servicio prestado. El abogado fintech especializado en criptoactivos acompaña en la clasificación del token, el proceso de autorización, la elaboración del whitepaper exigido por MiCA y el diseño del sistema AML adaptado a activos digitales.
Operar como PSAV sin la autorización MiCA equivale a operar como entidad de pago sin licencia: las consecuencias regulatorias son igualmente graves. El asesoramiento previo es imprescindible.
La respuesta es: desde el primer día. Las decisiones jurídicas más críticas para una startup fintech se toman en las fases más tempranas: la elección del modelo regulatorio, la estructura societaria, los pactos con cofundadores e inversores y la arquitectura de datos tienen consecuencias que se proyectan durante años.
Un abogado fintech puede ayudar a la startup a determinar si necesita licencia o puede operar bajo el modelo de agente de una entidad autorizada, cómo estructurar su relación con un banco patrocinador, cómo preparar la documentación para una ronda de inversión y cómo escalar a otros mercados europeos usando el pasaporte comunitario.
Invertir en asesoramiento legal especializado en fintech desde el inicio es siempre más barato que resolver los problemas regulatorios después. Los costes de la no-conformidad —sanciones, cierres forzosos, reputación— son exponencialmente mayores.
El asesoramiento de un abogado fintech conecta con otras áreas clave de regulación financiera, cumplimiento normativo y estructuración legal. Descubre los servicios que complementan tu empresa.
Catálogo completo de servicios de prevención de blanqueo para sujetos obligados fintech: evaluación de riesgos, manual, formación y auditorías.
Asesoramiento jurídico especializado en activos digitales: regulación MiCA, registro PSAV, emisión de tokens y cumplimiento normativo blockchain.
Programas de cumplimiento corporativo para empresas fintech: canal de denuncias, código ético y controles internos adaptados al sector.
Informe independiente de cumplimiento normativo para entidades fintech que requieren validación de un experto cualificado ante el regulador.
Diseño e implantación de sistemas AML/KYC para fintech: onboarding digital, monitorización de transacciones y preparación para inspecciones SEPBLAC.
Documento obligatorio adaptado a entidades fintech: procedimientos internos, roles, flujos de aprobación y medidas de diligencia debida digital.
Asesoramiento legal en la transmisión de participaciones de startups y fondos fintech: LPA, restricciones, SPA y cumplimiento AML del comprador.
Análisis jurídico, fiscal y de cumplimiento para operaciones corporativas e inversiones vinculadas a empresas del sector fintech.
Marca los supuestos que aplican a tu caso. Cuantos más coincidan, mayor es la necesidad de contar con un abogado fintech especializado que acompañe el desarrollo de tu negocio.
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Todo lo que necesitas saber sobre el asesoramiento legal para empresas fintech: regulación aplicable, licencias, AML, PSD2, MiCA, privacidad y los errores más frecuentes que debes evitar.
El sector fintech en España abarca una amplia diversidad de modelos de negocio: pagos digitales, préstamos entre particulares (P2P lending), inversión automatizada (robo-advisors), criptoactivos, insurance-tech, regtech y open banking. Cada uno de estos modelos tiene un encaje regulatorio diferente y puede requerir autorización de distintos supervisores: el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros.
El abogado fintech en España debe conocer no solo la normativa nacional sino también el derecho europeo de servicios financieros —PSD2, MiCA, DORA, EMIR, MiFID II— y su transposición en el ordenamiento español, ya que la mayoría de las empresas fintech operan en un entorno transfronterizo desde el primer día.
La primera pregunta que debe responder un abogado fintech es si la actividad proyectada requiere licencia previa y, de ser así, ante qué regulador. Las principales figuras en el ámbito de los pagos son la Entidad de Pago (EP) y la Entidad de Dinero Electrónico (EDE), reguladas por el RDL 19/2018. Existe también la figura del agente de entidad de pago, que permite operar bajo el amparo de una licencia ajena, acortando significativamente el time-to-market.
Para actividades de inversión, el régimen de Empresa de Servicios de Inversión (ESI) bajo la Ley del Mercado de Valores es el aplicable. Las plataformas de crowdfunding deben obtener la autorización como Proveedor Europeo de Servicios de Financiación Participativa (PSFP) bajo el Reglamento (UE) 2020/1503. Y los operadores de criptoactivos, la autorización MiCA o el registro PSAV transitorio ante el Banco de España.
Las entidades fintech autorizadas son automáticamente sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 y su Reglamento (RD 304/2014). Esto implica la obligación de designar un representante ante el SEPBLAC, aprobar una política de aceptación de clientes, implantar procedimientos de diligencia debida ordinaria y reforzada, y establecer mecanismos de comunicación de operaciones sospechosas.
El entorno fintech exige además soluciones tecnológicas específicas: verificación de identidad por video (conforme a la Resolución de 14 de julio de 2021 del SEPBLAC), integración con bases de datos de sanciones y PEPs, y sistemas de monitorización transaccional automatizada con gestión de alertas. El abogado fintech especializado diseña el sistema teniendo en cuenta tanto el cumplimiento normativo como la experiencia de usuario.
Las empresas fintech tratan datos financieros de sus usuarios, que aunque no son datos especialmente protegidos en sentido estricto (como los de salud), tienen una especial sensibilidad y están sujetos a estrictos requisitos de seguridad bajo el RGPD y la LOPDGDD. La base jurídica del tratamiento —consentimiento, ejecución contractual, interés legítimo o cumplimiento legal— debe estar correctamente identificada para cada finalidad.
En el contexto de open banking, el tratamiento de datos de cuentas bancarias de terceros a través de APIs exige una base de consentimiento explícita, informada y granular. El abogado fintech asesora en la redacción de las políticas de privacidad, los contratos de encargado del tratamiento con proveedores tecnológicos y los procedimientos de respuesta ante brechas de seguridad notificables a la AEPD.
Una de las ventajas más significativas de obtener una licencia regulatoria en España (o en cualquier Estado miembro de la UE) es el acceso al pasaporte comunitario: la posibilidad de prestar servicios en cualquier país de la UE sin necesidad de obtener una licencia local adicional, mediante la simple notificación a los reguladores del país de origen y destino.
El abogado fintech acompaña la estrategia de internacionalización desde el diseño: selección del país de domiciliación óptimo para la licencia, análisis de los requisitos locales que subsisten pese al pasaporte (registro de agentes, comunicaciones al regulador local, cumplimiento de normas de conducta del mercado), y estructuración de la expansión para minimizar cargas regulatorias y fiscales.
El error más habitual en startups fintech es lanzar el producto antes de determinar el encaje regulatorio: muchos fundadores asumen que su modelo es una "excepción" al régimen de licencias y descubren el error cuando ya tienen usuarios, inversores y compromisos contractuales que no pueden cumplir sin la autorización correspondiente.
Otro error crítico es confundir el registro PSAV transitorio con la autorización MiCA plena: el registro ante el Banco de España como PSAV bajo el régimen transitorio no equivale a la autorización MiCA y tiene un alcance más limitado. Operar como si fueran equivalentes puede generar responsabilidades frente a clientes e inversores.
Finalmente, no disponer de un sistema AML/KYC operativo desde el lanzamiento es uno de los errores con consecuencias más graves: la pérdida de la cuenta bancaria corporativa —cada vez más frecuente en el sector— puede paralizar completamente la operativa de la empresa antes de que haya cometido infracción alguna.