Prevención de Blanqueo de Capitales en Criptomonedas y Blockchain

En el entorno cripto, además de los principios generales de protección de datos (licitud, lealtad, transparencia, minimización), es clave determinar la base legal que habilita el tratamiento de datos vinculados a usuarios, clientes y contrapartes. Esto incluye la documentación necesaria para KYC, la conservación exigida por la normativa PBC/FT y las obligaciones de cooperación internacional.

Las bases jurídicas más habituales en el ecosistema cripto son:

• Cumplimiento de una obligación legal (prevención de blanqueo de capitales y respuesta a requerimientos regulatorios).
• Ejecución de contrato (prestación de servicios de exchange, custodia o intermediación en activos virtuales).
• Interés legítimo (gestión de fraude y seguridad cuando está debidamente ponderado y documentado).

Documentar la base legal por cada tratamiento (p. ej. KYC vs. monitoreo on-chain) y mantener registros claros reduce riesgos regulatorios y facilita la explicación ante supervisores.

Recomendamos mapear los tratamientos (onboarding, monitoreo, reporting, retención) y justificar la base legal en el Registro de Actividades y en el Manual PBC/FT.

Usuarios, clientes y contrapartes disponen de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad sobre sus datos personales.

En el contexto de servicios cripto, algunos derechos pueden verse limitados por obligaciones legales de conservación (PBC/FT) o por la necesidad de preservar la integridad de investigaciones internas.

Las solicitudes deben tramitarse dentro de los plazos legales y previa verificación segura de la identidad del solicitante.

Buenas prácticas:

• Centralizar las solicitudes de derechos en un responsable de datos con un canal dedicado (correo y/o formulario seguro).
• Verificar identidad con procesos reforzados antes de entregar información sensible.
• Registrar cada solicitud y la medida adoptada, incluyendo justificación legal en casos de denegación.
• Formar a los equipos técnicos y de soporte para detectar solicitudes que afecten a investigaciones AML.

Una gestión adecuada de los derechos protege a la entidad y mantiene la confianza de clientes e interlocutores.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), exchanges, custodios y plataformas de liquidación deben cumplir obligaciones PBC/FT: identificar clientes y beneficiarios reales, evaluar riesgos, aplicar KYC/KYB y conservar documentación acreditativa.

Estas obligaciones abarcan onboarding, conversión fiat↔crypto, servicios OTC, custodia y operaciones con terceros (bridges, smart contracts).

Debe existir un procedimiento documentado que regule KYC/KYB, origen de fondos, controles de transacciones on-chain y off-chain, y reporting a autoridades cuando proceda.

La diligencia debe ampliarse a contrapartes como proveedores de liquidez, custodios externos y plataformas de integración.

Debe designarse un Compliance Officer con acceso directo a la dirección y, si procede, un Órgano de Control Interno (OCI) encargado de supervisar el programa AML específico para cripto.

El Compliance Officer debe tener independencia funcional, autoridad para detener operaciones sospechosas y capacidad para coordinar SARs con las autoridades (SEPBLAC u homólogos internacionales).

El OCI valida metodologías RBA, aprueba auditorías y garantiza la coordinación entre equipos legales, técnicos y operaciones.

La falta de un responsable formal o canales claros incrementa el riesgo de sanciones y daños reputacionales.

Aplicar KYC/KYB proporcional al perfil del cliente: identificación de personas físicas y jurídicas, verificación de beneficiarios reales y obtención de evidencia sobre origen de fondos, especialmente en on/off-ramps.

En cripto conviven individuos, exchanges, custodios, protocolos DeFi y entidades internacionales; los procedimientos deben adaptarse y contemplar jurisdicciones de riesgo, PEPs y estructuras complejas.

Elementos prácticos:

• Checklists KYC por tipo de cliente (retail, institucional, market maker, OTC).
• Verificación documental y digital (proveedores certificados, biometría, validadores de identidad).
• Detección y desagregación de beneficiarios reales en estructuras on-chain y off-chain.
• Recolección de evidencia del origen de fondos en operaciones con alto valor o riesgo elevado.

Un KYC/KYB robusto facilita la relación con bancos corresponsales, proveedores de custodia y autoridades regulatorias.

El enfoque basado en riesgo (RBA) clasifica clientes, contrapartes y operaciones según su exposición: tipo de activo, origen de fondos, jurisdicción y comportamiento on-chain.

Factores a considerar:

• Tipo de activo y uso (monedas de privacidad, stablecoins, tokens infraestructurales).
• Origen geográfico y jurisdicciones intervinientes.
• Complejidad de la estructura y uso de intermediarios (mixers, bridges, OTCs).
• Historial transaccional y señales de comportamiento inusual.

El RBA determina la diligencia estándar o reforzada (EDD), la periodicidad de revisiones y los triggers para bloquear o escalar transacciones. Debe documentarse la metodología y los indicadores on-chain/off-chain.

→ Documentar la RBA facilita justificar decisiones ante auditores y supervisores y priorizar recursos de compliance.

El Manual PBC/FT debe adaptarse a la operativa con activos virtuales: integrar KYC/KYB, evaluación RBA, control de transacciones on-chain y reporting interno y externo.

El manual incluirá política de conservación documental, gestión de proveedores (custodios, oráculos, analytics) y definición clara de roles (compliance, CTO, operaciones).

Debe establecer protocolos de escalado, criterios de bloqueo temporal de activos y procedimientos para solicitar información a contrapartes y proveedores.

Un manual actualizado y probado demuestra diligencia y reduce la exposición ante supervisores y bancos corresponsales.

Debe habilitarse un canal interno seguro para reportar alertas y un protocolo e integraciones técnicas para comunicar al SEPBLAC (u organismo local) cuando proceda, preservando la confidencialidad.

Señales de alerta frecuentes en cripto:

• Transacciones desde servicios de mezcla o direcciones previamente vinculadas a actividad ilícita.
• Conversión rápida entre múltiples cadenas (uso intensivo de bridges) para ocultar trazabilidad.
• Entradas de fondos sin actividad económica plausible o sin evidencia de origen.
• Transferencias desde jurisdicciones sancionadas o de alto riesgo.

El Compliance Officer valora la información (incluyendo análisis on-chain) y, si procede, comunica sin alertar a los implicados para no comprometer investigaciones.

Un proceso ágil y documentado reduce riesgos penales y facilita la cooperación con autoridades y partners.

Implementa medidas proporcionales: cifrado de claves y datos sensibles, autenticación multifactor, control de accesos por roles, logging de auditoría y segregación de ambientes (prod/test).

Limitar canales de pago, asegurar procesos de firma y mantener conciliaciones entre registros on-chain y contabilidad son controles esenciales.

Buenas prácticas:

• Carpetas y repositorios con accesos restringidos y registros de auditoría.
• Entornos separados de prueba y producción y procedimientos de despliegue seguro.
• Screening automático de sanciones y PEPs integrado en workflows y herramientas de analytics.

Estos controles no sólo cumplen normativa sino que permiten operar con bancos, custodios y proveedores con garantías suficientes.

Realiza due diligence continua a proveedores críticos (custodios, oráculos, plataformas KYC, proveedores de analytics, integradores de pagos) y exige evidencias de cumplimiento.

Los contratos deben incluir cláusulas AML, medidas de seguridad, obligación de notificar incidentes y derechos de auditoría. Solicita políticas, auditorías y certificaciones relevantes.

→ Una debida diligencia sólida reduce la responsabilidad compartida y mejora la resiliencia operativa.

Capacita periódicamente a equipos técnicos, comerciales y de cumplimiento en riesgos on-chain, detección de patrones ilícitos, KYC y gestión de datos sensibles.

Realiza auditorías internas y externas para evaluar la eficacia del programa y simulacros o ejercicios de SAR para identificar fallos operativos o técnicos.

La formación continua y las pruebas de estrés muestran cultura de cumplimiento y reducen la probabilidad de sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones PBC/FT puede acarrear sanciones administrativas, bloqueos operativos y responsabilidad penal.

Las operaciones internacionales exigen cumplimiento de listas de sanciones y embargos (UE, ONU, OFAC, etc.) y procedimientos de cooperación con supervisores y fuerzas de seguridad.

Cumplir exigencias internacionales protege la reputación y la capacidad operativa del VASP, exchange o gestor.